«Hay que privatizar las empresas del Estado.»
¿Qué significa exactamente?
Transferir la propiedad de empresas estatales al sector privado. La afirmación esconde dos preguntas distintas: si el Estado debe ser dueño, y cómo se hace la transferencia si se decide hacerla.
Incentivos. Un dueño privado que pierde plata quiebra; una empresa estatal deficitaria se financia con impuestos. La retroalimentación que corrige errores es mucho más débil en el segundo caso.
Costo fiscal. Las empresas deficitarias se financian con recursos que salen de otros usos, incluidos usos sociales.
Uso político. El empleo y las tarifas en empresas estatales suelen responder a lógicas electorales más que operativas.
Foco. El Estado hace muchas cosas mal porque hace demasiadas; concentrarse en justicia y seguridad podría mejorar lo esencial.
Todo lo anterior es el argumento liberal estándar. Pero un análisis liberal serio tiene que agregar algo que la experiencia argentina de los años 90 hizo evidente:
Privatizar sin competencia no produce los efectos que la teoría predice. Si un monopolio estatal se convierte en un monopolio privado con tarifas reguladas discrecionalmente y contratos renegociables, no se obtuvo un mercado: se cambió de dueño.
Lo que produce eficiencia no es la propiedad privada por sí sola sino la posibilidad de que aparezca un competidor. Ver el artículo sobre competencia.
De ahí que la secuencia importe: primero marco regulatorio y apertura a la competencia donde sea posible, después transferencia, con procesos transparentes y competitivos.
Hay servicios donde la competencia es técnicamente imposible —redes de distribución de agua, cloacas, transmisión eléctrica—. Ahí privatizar significa entregar un monopolio, con o sin buena regulación.
Y hay servicios cuya prestación tiene un componente de derecho básico que un operador con fines de lucro no tiene incentivo a garantizar en zonas no rentables.
El caso del monopolio natural es real y muchos liberales clásicos lo aceptan. Las respuestas propuestas dentro de la tradición: separar la red del servicio que corre sobre ella (permitiendo competencia en el segundo), licitar competitivamente el derecho a operar la red por plazos determinados, o mantener la red en manos públicas con operación privada.
Sobre el segundo punto: el problema de la cobertura en zonas no rentables se puede resolver con obligaciones de servicio universal explícitas y financiadas, en lugar de con propiedad estatal. Eso hace visible el costo en lugar de esconderlo en el déficit de la empresa.
Conviene ser honesto: ninguna de estas soluciones es perfecta, y todas dependen de una capacidad regulatoria que en Argentina fue históricamente débil.
Qué sigue sin resolver
- Qué servicios constituyen monopolios naturales genuinos hoy, dado el cambio tecnológico.
- Cómo diseñar procesos de privatización que no terminen capturados.
- Si la capacidad regulatoria necesaria es alcanzable, y qué hacer si no lo es.
Para entender el fondo del asunto
¿Qué es la competencia?
No es rivalidad entre empresas por deporte: es el proceso que las obliga a servir al cliente en lugar de al revés. Sin libertad de entrada, hay empresas pero no competencia.
¿Qué son las instituciones y por qué explican tanto?
Las reglas del juego de una sociedad, formales e informales. La hipótesis institucional sostiene que explican mejor las diferencias de desarrollo que la geografía o los recursos, y es la explicación dominante aunque no la única.
El liberalismo en Argentina: historia de una idea
Doscientos años en los que la palabra «liberal» nombró proyectos muy distintos entre sí. Entender esa historia es la única forma de saber de qué se está hablando hoy.
¿Qué es el gasto público?
Todo lo que el Estado eroga. Lo relevante no es sólo el monto sino la composición, la rigidez y quién decide: en Argentina la mayor parte está comprometida por leyes previas.